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Despido disciplinario y fraude en la prestación por desempleo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) ha sentado un precedente clave en relación con las faltas de asistencia al trabajo y el posible uso fraudulento de la prestación por desempleo.

En su sentencia 2374/2024, de 22 de abril de 2024, el TSJ analizó el caso de una trabajadora despedida disciplinariamente por faltas reiteradas de asistencia. La empresa fundamentó el despido en una falta muy grave según el Convenio Colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de Cataluña, además de basarse en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores sobre incumplimientos graves.

El tribunal determinó que, para acceder a la prestación por desempleo, el cese debe estar motivado por causas ajenas a la voluntad del trabajador. En este caso, se observó que la trabajadora acumuló varias ausencias injustificadas en 2020 y 2021, lo que llevó a la empresa a imponer un despido disciplinario.

El aspecto central de la sentencia es la distinción entre un despido disciplinario legítimo y un posible encubrimiento de una baja voluntaria. Según la jurisprudencia, si un trabajador abandona su puesto sin justificación y posteriormente la empresa lo despide, puede interpretarse como un intento de obtener fraudulentamente la prestación por desempleo.

El fallo del TSJ subraya que la carga de la prueba recae en quien alega la existencia del fraude. Para demostrarlo, se deben presentar pruebas objetivas y hechos probados, no simples presunciones.

Conclusión: Importancia de la acreditación en casos de fraude en el desempleo

Esta sentencia refuerza la necesidad de que tanto empresas como trabajadores sean transparentes en los procedimientos de despido y acceso a prestaciones. El acceso fraudulento a la prestación por desempleo puede derivar en sanciones y pérdida del derecho a cobrar el subsidio. Por ello, es fundamental contar con asesoramiento legal adecuado en situaciones de despido y prestaciones.

Vigesco, gestoría en Barcelona, ofrece asesoramiento en materia laboral y fiscal para garantizar que las empresas cumplan con la normativa y los trabajadores defiendan sus derechos.